En América Latina, México, Colombia y Chile han implementado diferentes iniciativas y proyectos piloto. Y en Brasil, la creación del Sistema Brasileño de Comercio de Emisiones (SBCE) ya tiene media sanción en el Congreso. De un modo u otro, el mundo se encamina hacia este tipo de sistemas. De acuerdo a un informe de la consultora McKinsey, la demanda global de créditos de este tipo aumentaría hasta 15 veces para 2024 y se multiplicaría por 100 en 2050.
En Argentina, el Estado ya había dado un primer paso en ponerle “precio” a las emisiones de GEI con el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) que se implementó en 2018. Tanto este impuesto, que hoy grava en cada litro de combustible líquido que se vende en el país, como un eventual mercado de bonos de carbono persiguen el mismo objetivo: reducir las emisiones de CO2 a través de incentivos (o castigos) económicos.
¿Cómo funcionaría este mercado? Los artículos 320, 321, 322 y 324 de la Ley Bases… facultan al Ejecutivo a 1) “asignar derechos de emisión de GEI a cada sector y subsector de la economía” y 2) “establecer un mercado de derechos de emisión de GEI, en el cual quienes hayan sobrecumplido su meta puedan vender los servicios a aquellos que los necesiten para lograr su objetivo y evitar la penalización”.
Este formato es conocido como “cap & trade”, es decir, “limitar y comerciar”. El Estado fija un límite de emisiones de CO2 para determinada actividad y establece las reglas a partir de las cuales los actores económicos pueden vender un eventual sobrante de su cupo o adquirir créditos para compensar su excedente. Estos límites, además, se reducirían a lo largo del tiempo conforme a los compromisos asumidos (tal como es el caso de Argentina) en los Acuerdos de París de 2015 y sucesivas Conferencias de Partes (COP) de Naciones Unidas para combatir el Cambio Climático.
La mayoría de los analistas coincide en que aunque se aprobase pronto, una norma de este tipo requiere mucho tiempo para su efectiva aplicación dada la complejidad técnica y jurídica para aplicar límites, por ejemplo, en el agro. Sin embargo, Argentina ya tiene lo que se conoce como “mercado voluntario” de bonos de carbono, a partir del cual empresas privadas y entidades públicas pueden comercializar bonos auditados y certificados por estándares internacionales. El Banco Santander, por ejemplo, emitió un bono verde provincial por $ 4.800 millones junto a la Provincia de Mendoza. Y la Provincia de Misiones firmó un acuerdo con la multinacional suiza Mercuria para vender internacionalmente bonos verdes de la selva misionera.
En Argentina:
A fines de 2022, Vista creó la firma Aike NBS SAU, una subsidiaria conformada por expertos locales que apoya a la petrolera en la generación de créditos de carbono de alta calidad. Aike está ejecutando 9 proyectos de NBS para Vista en Argentina, cubriendo 26,000 hectáreas, en 4 provincias.
La compañía que dirige Miguel Galuccio también se ha destacado por medir las emisiones de CO2 de la producción de shale oil exportada con Trafigura, para compensar la huella de carbono a través de la compra de bonos verdes procedentes de soluciones basadas en la naturaleza.
Mientras que Mercuria, el holding que controla la petrolera Phoenix Global Resources, que tiene importantes activos en Vaca Muerta, tiene un acuerdo con la provincia de Misiones para la compra-venta de bonos verdes de la selva de esa provincia.
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